* Estas acciones son violatorias de derechos humanos, ya que se quebrantan preceptos pro persona, de presunción de inocencia y de legalidad.

* Al dejar a libre criterio el proceder de las inspecciones, se corre el riesgo de sufrir abusos de autoridad por parte de los uniformados.

El Partido del Trabajo rechaza y condena energéticamente el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek para que las inspecciones policiacas, a personas o automóviles, sean llevadas a cabo sin necesidad de tener una orden judicial o ministerial.

Estas acciones, contenidas en los artículos 132, 147, 251, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), son violatorias de derechos humanos, debido a que se quebrantan los preceptos pro persona, de presunción de inocencia, libertad personal, libertad de tránsito, el debido proceso, privacidad, no injerencias arbitrarias, no restricción de garantías y de legalidad, así como de integridad personal y seguridad jurídica.

El PT considera que los Ministros han cometido un grave error, puesto que escudándose bajo la tesis de la prevención del delito y la salvaguarda de la seguridad pública, en realidad abren la puerta al abuso de autoridad y por tanto de la violación flagrante de los derechos de los ciudadanos, ya que se deja a libre criterio de los policías el proceder o no con la inspección en el marco de las actuaciones en una investigación.

Ante este panorama, el PT se suma a la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes Ifai), que catalogan como inconstitucional diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que en 2014 impugnaron dicha normatividad y es hasta el día de ayer que los Ministros se pronunciaron con un fallo desfavorable para los ciudadanos.

Asimismo, el Partido del Trabajo hace un llamado al Congreso de la Unión para que legisle en la materia y se cubra el vacío legal que existe en la Carta Magna sobre los tipos o clases de delitos que entran en una excepción de detención por flagrancia.

El PT reitera su rechazo al fallo de la SCJN y hace un exhorto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atraer el caso que atenta contra la integridad de los mexicanos.